Artículo publicado en Heraldo de Aragón en Febrero 2026 en la sección de Opinión
Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es una oportunidad de democracia directa que ofrece nuestra Constitución, para que el Parlamento tramite como ley un tema que es de interés de una determinada parte de la población. En concreto el artículo 87.3 de nuestra Carta Magna y la ley 3/1984, exigen que para que pueda triunfar esta iniciativa, al menos como propuesta de abordaje parlamentario, se requieren más de 500.000 firmas de la ciudadanía española.
Pocas leyes han tenido su origen en España en una ILP. Aproximadamente se han presentado 200 iniciativas populares, de las cuales tan sólo unas veinte llegaron a tomarse en consideración por la Cámara y sólo unas pocas, cuatro, han terminado convirtiéndose en leyes o modificando leyes actuales.
Una de las ILP más recientes ha sido la presentada para la regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, que se presentó junto a 700.000 firmas. Un récord para nuestra democracia. Presentada por el partido político Por un Mundo Más Justo M+J y Fundación para la Ciudadanía Global, contó desde el inicio, y posteriormente en su largo recorrido, con un amplio apoyo en la ciudadanía, en el tejido asociativo vinculado a personas migrantes e intervención social y en la Iglesia Católica, gran defensora de esta iniciativa, tanto en público como en privado. En el momento del trámite preceptivo de la toma en consideración por el Parlamento, sus promotores lograron algo prácticamente imposible: que sólo VOX se opusiera a su toma en consideración para continuar su tramitación parlamentaria. Es decir, la práctica totalidad del arco parlamentario dijo sí a que esta ILP terminara como una ley.
A partir de ese momento las cocinas y pasillos parlamentarios entraron en juego. Las mayorías consabidas a un lado y otro del hemiciclo comenzaron a poner encima de la mesa sus objeciones y propuestas. Sin embargo, una vez más, y así deja constancia el diario de sesiones, el PP fue generoso en la presentación de enmiendas, de la misma manera que lo fueron PSOE y Sumar. El acuerdo, pues, no parecía lejano, aunque no fácil. Sin embargo, el debate quedó finalmente obstaculizado en la negativa de Junts a su aprobación, mientras las competencias estatales de migraciones no se traspasaran a la Generalitat, algo a lo que Podemos se opuso fervientemente. El partido morado repitió en reiteradas ocasiones el “no pasarán”, “con los derechos fundamentales no se juega”, “ninguna persona ilegal”, “no cederemos competencias a los fascistas”,… y sin Podemos, los números al PSOE no le salían. Necesitaba el sí de Junts y el sí de Podemos a la vez.
Su negativa rotunda sin embargo se ha tornado en aceptación, a cambio de quedarse con todo el prestigio de la ILP. Lo que fue un no rotundo de los morados, ha devenido en un “puede que” cedamos las competencias migratorias a Cataluña, siempre que eso le aportara un rédito electoral. Y ahí está lo verdaderamente miserable de este asunto: algo que inició la ciudadanía, algo que inició el tejido asociativo, se vuelve a manipular torticeramente desde las cuentas y cuentos de los partidos políticos. Podemos no ha sabido respetar la voluntad de la ciudadanía, el deseo de que esta regularización fuera algo propio de una sociedad que clama por este proceso como un acto de dignidad, no de política efectista. Sonroja escuchar a las líderes de Podemos hablando de la regularización como un éxito propio, morado, partidista, cuando en realidad han socavado la voluntad popular, la que se generó desde 2024, poco a poco, con firmas, una detrás de otra, con enorme esfuerzo,…ha ninguneado el esfuerzo de sus promotores, el partido político Por un Mundo Más Justo M+J y Fundación para la Ciudadanía Global, y el esfuerzo de tantas y tantas personas que, anónimamente, pero con enorme dignidad, lucharon para que fuera una realidad esta regularización.
Y así vamos, es que ni lo más bonito, la democracia directa, la iniciativa ciudadana respetan,… y todo para usar, con un color determinado, el éxito de una iniciativa legislativa popular. Y de nuevo, por supuesto, usarán, como están usando y han usado en la campaña electoral aragonesa, la regularización, como arma arrojadiza contra sus adversarios….y así parece que lo menos importante son ese medio millón de personas, sino azuzar, una vez más al adversario, con los números logrados.
Qué pena, que oportunidad perdida para que algo, como la política migratoria, que por fin tenía un discurso ciudadano, propio, sin colores, que tenía todos los mimbres de una decisión de Estado, se haya convertido, de nuevo, en un arma arrojadiza, volviendo a polarizar a la sociedad en algo que debe estar alejado de la política zafia y usurera de votos. Qué oportunidad perdida, para que en el fondo y forma, la regularización de personas migrantes en nuestro país, se hubiera tornado en algo ciudadano, basado en democracia directa, y con una reflexión de Estado y no de cálculos electorales. Qué oportunidad perdida…una vez más.
Carlos Piñeyroa Sierra
Consultor en Economía con sentido